En esta oportunidad me pongo al día compartiendo una reflexión sobre un tema complejo y aún abierto: la pandemia y el paradigma de la desinformación. Esta reflexión surge a partir de lo anunciado hace un par de semanas, en enero de 2024, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM o WEF, por sus siglas en inglés), realizada en Davos, Suiza.
En dicho encuentro —de carácter público-privado— líderes políticos y empresariales de alcance global discuten tendencias relacionadas con la sociedad, la economía y la coyuntura sanitaria mundial. En ese contexto, se lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “prepararse para una nueva enfermedad denominada X”. Este anuncio, a mi juicio, no debe tomarse a la ligera, especialmente si recordamos el Evento 201, realizado en 2019, donde se simuló una pandemia ficticia con millones de muertes, pocos meses antes de que el mundo enfrentara la tragedia real del COVID-19.
Volviendo la mirada a Chile, cada persona vivió en carne propia las consecuencias de la pandemia: encierros prolongados, uso obligatorio de mascarillas, vacunación masiva, pases de movilidad y un fuerte impacto económico y social, especialmente en la vida de las personas comunes. Al mismo tiempo, también es necesario reconocer que ciertos sectores obtuvieron importantes ganancias, como ocurrió con la industria farmacéutica mediante contratos celebrados con los Estados. Algunos de estos acuerdos, incluso hoy, continúan siendo cuestionados en la Unión Europea por cláusulas de confidencialidad relacionadas con datos sensibles, como los efectos adversos de las vacunas o posibles prácticas monopólicas. Chile no ha estado ajeno a este escenario.
Por estas razones, considero fundamental no olvidar las lecciones aprendidas. Un pueblo con mala memoria está condenado a repetir los mismos errores. En nuestro país, durante la pandemia, se publicaron al menos dos normas relevantes que pasaron prácticamente desapercibidas para la opinión pública, pero que habrían permitido tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.
La primera es la Ley N.º 21.422, publicada el 16 de febrero de 2022, que prohíbe la discriminación laboral basada en mutaciones o alteraciones del material genético. Esta ley establece que ningún empleador puede condicionar la contratación, permanencia o promoción de un trabajador a la ausencia de alteraciones genéticas, ni exigir exámenes que revelen predisposición a enfermedades futuras.
La publicación de esta norma, en plena pandemia, resulta al menos llamativa, considerando que simultáneamente se estaba promoviendo masivamente la inoculación de vacunas basadas en tecnología de ARN mensajero (ARNm), sin que existiera una difusión clara y transparente de sus posibles efectos adversos a largo plazo.
La segunda es la Resolución publicada el 10 de marzo de 2022, que aprueba el documento “ESAVI serio: miocarditis y/o pericarditis”. En su considerando N.º 9 se reconoce que, desde abril de 2021, se habían reportado a nivel mundial casos de miocarditis, pericarditis y miopericarditis posteriores a la inmunización con vacunas ARNm, como las de Pfizer-BioNTech y Moderna. (Spikevax).
Que yo recuerde, esta información tampoco fue ampliamente difundida por los medios oficiales una vez publicada, a diferencia de lo ocurrido en medios alternativos en internet, donde ya se alertaba sobre estos efectos mediante casos documentados y registros audiovisuales. Con el tiempo, queda en evidencia el valor de la libre expresión, ya que durante la pandemia muchos profesionales independientes y voces no oficiales advirtieron situaciones que luego fueron reconocidas tardíamente, o comunicadas de manera insuficiente.
Por supuesto, informarse a través de medios alternativos exige un alto grado de discernimiento, ya que no todo lo que circula es veraz. Sin embargo, negar ese espacio de información crítica también implica el riesgo de aceptar una sola versión de los hechos.
Video de conferencia del Dr. David Martin, Traducción del equipo en español de kla.tv
Volviendo al Foro de Davos, este año el FEM ha acuñado el lema “Reconstruir la confianza”. Paradójicamente, una de las herramientas propuestas para ello es el control de la información, una idea que recuerda iniciativas como la denominada “comisión contra la desinformación” impulsada en Chile, pero ahora a escala global, con el respaldo del FEM y su estrecha vinculación con la ONU.
En este escenario, resulta legítimo preguntarse si Occidente no se encamina hacia el mayor ejercicio de censura desde la Edad Media, una suerte de oscurantismo tecnocrático, reforzado por la amenaza permanente de una nueva “enfermedad X”, donde solo una versión de la realidad sería considerada válida.
La pregunta final es inevitable y profundamente paradójica:
¿Es así como se pretende reconstruir la confianza?
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